Ya se olía hace meses....
“Teddy Bautista, detenido por presuntos delitos de malversación de fondos y estafa“, Antena 3
“Teddy Bautista, a disposición judicial por apropiación indebida“, La Vanguardia
“La Guardia Civil registra la SGAE: Teddy Bautista pasa a disposición judicial“, El Economista
“La Guardia Civil interviene la sede de la SGAE“, Informativos Telecinco
“El presidente de la SGAE, a disposición judicial por apropiación indebida y desvío de fondos“, RTVE
“La Guardia Civil registra la sede la SGAE y pondrá a disposición judicial a Teddy Bautista“, El País
“La Guardia Civil registra la sede de la SGAE“, Público
“La Guardia Civil registra la sede de la SGAE por supuesto desvío de fondos“, ABC
Mientras la SGAE intentaba absurdamente parar el aluvión informativo que se le venía encima con torpes desmentidos e información parcial, los ciudadanos se frotaban los ojos al ir confirmando la noticia: en efecto, la Guardia Civil estaba en la sede de la SGAE, se estaban interviniendo las cuentas, y se ponía tanto a Teddy Bautista como a dos colaboradores suyos a disposición judicial, pasando el caso al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Pablo Ruz.
¿Qué es lo que está pasando? La intervención responde a la denuncia que presentaron en noviembre de 2007 la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE), por los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones que serían achacables a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo la “malversación” de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, como “principal fiscalizador de este tipo de asociaciones”. Básicamente, la actuación generalizada y constante de una sociedad que todo indica que se ha caracterizado por incrementar de manera desmesurada los fondos no repartidos a los autores y transferirlos a un entramado de sociedades afines y al extranjero. Una sociedad que lejos de representar los intereses de los autores, se dedicaba de manera evidente y en abierta connivencia con el ministerio de Cultura, a hacer caja e invertirlo en patrimonio inmobiliario, en sueldos y en retiros dorados para sus ejecutivos.
